NEUQUEN, 1 de agosto de 2006. Y VISTOS: En acuerdo estos autos caratulados: “LEFIÑANCO HUILIPAN NICOLAS CONTRA CIMALCO NEUQUEN S.A. S/DESPIDO” (Expte. EXP Nº 321105/5) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Enrique Raúl VIDELA SANCHEZ con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Enrique Raúl VIDELA SANCHEZ dijo: I.- Contra la sentencia de fs.149/153 se alzan, la parte actora, a fs.158/160 y la parte demandada a fs.161/164, siendo contestados a fs. 166/ 174 los agravios de esta última. El actor cuestiona la aplicación de la tasa de interés “mix” impuesta al capital. Invoca en su favor una interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Neuquen, “Cotravi c/Municipalidad de Picún Leufú s/Acción Procesal Administrativa” (Interlocutoria 4876 del 21 de septiembre de 2005) donde se aplicó la tasa activa para los honorarios de los abogados. Invoca que el crédito del trabajador es también un crédito alimentario y si el mismo requiere un préstamo en el mercado, el dinero se le prestará a tasa activa. La demandada recurre la sentencia, primeramente por cuanto allí se sostiene que en el telegrama de despido la causal no está suficientemente explicitada. Afirma que ese instrumento es perfectamente válido y que alude a “Falta de conducta a su superior”, “incumplimiento órdenes impartidas directamente a su persona” y que el mismo fue enviado al día siguiente de ocurrido el episodio, por lo que el trabajador sabía a qué hechos se refería la misiva y, entonces, se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 243 LCT. Critica también que no se considere a la falta como suficientemente grave para dar lugar al distracto: el hecho de que el episodio haya sido escuchado por el testigo D. significa que el mismo se realizó en público. Impugna la consideración de que los insultos proferidos por el actor al gerente de la demandada no tienen entidad suficiente para justificar el despido. Una injuria proferida a un superior jerárquico no es aceptable en ninguna relación interpersonal, por lo que el distracto es absolutamente proporcional con la falta cometida. El actor había tenido incorrecciones anteriores pero nunca una como la señalada. Cuestiona que la Juez no considerara que el actor haya violentado deberes de prestación laboral o de conducta de su trabajo. La misma surge de la actitud del empleado, que se negó a cumplir una orden que le fuera dada por el Gerente de la empresa, y del insulto proferido por el primero al segundo. Le provoca agravio finalmente el rechazo de la inconstitucionalidad de los decretos de prórroga del art. 16 de la ley 25561. Invoca para ello lo dispuesto por el art. 99 inc. 3, de la Constitución Nacional, citando en su favor el fallo de la C.S.J.N. Verrocchi (Fallos 322:1727). II.- En primer término trataré los agravios de la parte demandada, ya que de no progresar la acción, no tendría sentido analizar el recurso de su contraria. La carta documento en cuestión (solamente acompañada por la parte actora a fs. 29) dice: “Ante falta de conducta grave a su superior, incumpliendo órdenes impartidas directamente a su persona. Dicha situación imposibilita la continuación del vínculo laboral. Notificándole que a partir de la fecha queda despedido por su exclusiva culpa. Haberes y liquidación final a su disposición”. El texto, aún soslayando sus serios errores gramaticales, no es nada claro. La primer pregunta que surge es sobre si trata de una o dos causales. Podría ser que la falta de conducta consista en el incumplimiento de las órdenes impartidas o son dos causales, como pretende la demandada en su escrito de responde y apelación: una, falta de conducta grave y otra, el incumplimiento de órdenes impartidas. En concreto, la carta documento de fs.29 no cumple con el requisito establecido en el art.243 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto dispone: “con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato”. Si, como pretende presentar la empresa como causal a una “falta de conducta grave a su superior”, ésta es muy genérica para surtir efectos ya que no cumple el requisito citado en el párrafo anterior, debió expresar –describir en forma precisa- cual fue tal falta de conducta grave. Recién cuando la parte contesta la demanda aclara el tema, afirmando que fue haber proferido insultos al gerente de la empresa, ingeniero R. F.. Si se compara esta expresión con la de la epístola, es evidente que ésta es muy mezquina, hermética, en fin, poco clara. Tampoco lo que podrá entenderse como segunda causal: “incumplimiento de órdenes impartidas directamente a su persona”, es específica, no se sabe qué ordenes ni quien las impartía. Finalmente no se especifica en toda la notificación la fecha del incumplimiento o de la inconducta; no se dice cuando el actor produjo dicha injuria. Recién se toma conocimiento en el expediente de la fecha de las supuestas faltas al oponer la absolución de posiciones la demandada donde sostiene que ello ocurrió el 17 de diciembre de 2004, igual fecha en que envió la carta documento de despido. Posteriormente se contradice con su recurso de apelación al sostener que fue enviado al día siguiente. Luego de la testimonial de S.J. surge “que sabe que fue un día de diciembre que le dieron vacaciones y ese día fue alrededor de las seis de la tarde que le dijeron al actor que no se podía tomar vacaciones y lo despidieron, que lo hizo el señor R. F.. Que lo sabe porque al testigo se lo informaron porque era subdelegado. Que ante esta circunstancia el testigo fue a preguntar los motivos del despido al administrador J. D. y él le dijo que en el telegrama estaba todo...” (fs. 77). Es decir: la empresa envía la Carta Documento el mismo día o al día siguiente del o los hechos, pero ni siquiera aclara la fecha en que ocurrieron, que exigía un simple “en el día de la fecha” “en el día de hoy”, “en el día de ayer” o “en tal fecha”. Coincido, entonces, con la a quo en que la misiva no es para nada clara y precisa, es sumamente genérica, confusa y sin fecha del o los hechos que imputa. Ello afecta evidentemente el derecho de defensa del trabajador, quien no puede a través de dicha notificación conocer con precisión cual o cuales son las causales que se le imputan, y por esta razón entiendo que el agravio debe rechazarse. Afirma luego que el agravio fue grave por ser público. Ello se contradice con las pruebas de autos: el testigo que lo escuchó -el único que sabe sobre el hecho esgrimido como causal- estaba en una oficina contigua a la del Gerente F. y el actor se encontraba dentro de la oficina de éste. No fue un hecho público sino privado y producido dentro de una oficina donde estaban solamente el actor y el gerente. Para que un hecho sea público es necesario que sea realizado en un lugar donde haya, al menos, otra persona. Así, el tema del insulto al gerente es, a mi entender, una motivación introducida en forma extemporánea al contestar demanda. Por ello no puede ahora ser traída como causal. La expresión en la Carta Documento, que dice: “Falta de conducta grave a su superior, incumpliendo órdenes impartidas directamente por sus superiores”, analizado su aspecto gramatical, es una sola causal. La falta de conducta está referida al incumplimiento de las órdenes impartidas y no, como sostiene la empresa al demandar, de dos causales. Ello surge de la propia expresión utilizada en la notificación. Si eran dos causales como ahora pretende el demandado, falta la conjunción “y”, y no se explica el gerundio del verbo incumplir. Es claro, entonces, que se trata de una sola causal. Como simple abundamiento: no es lo mismo decir falta de conducta grave a su superior “e” incumplimiento de órdenes impartidas directamente por sus superiores, que expresar –como dice-, “ante falta de conducta grave a su superior, incumpliendo órdenes impartidas directamente a su persona.” En este último caso, la segunda parte de la oración es consecuencia de la primera. Por tanto, entiendo que la causal basada en presuntos insultos no fue invocada en la pieza epistolar por la que se despide al actor. Con relación a la orden que se afirma haberse impartido, no surge acreditado que el actor haya recibido el 17 de diciembre de 2004 alguna de parte del señor F., como sostiene al requerir absolución de aquél, en sus posiciones 2 y 3 de fs. 75. Por ende, no se puede tener por acreditado el incumplimiento. A más, en caso de haber recibido el actor una orden en dicha fecha, cuando (según el testimonio de D. a fs. 78 y C.Ñ. a fs. 79) se reunió con F., éste lo despidió en el mismo acto (u ordenó su despido), con lo que no tuvo tiempo el accionante para cumplirla o incumplirla. Tampoco se sabe de qué orden se trata, por lo que mal se puede determinar la gravedad de la injuria (art.242 LCT) y, así, si ella conllevaba la imposibilidad de la continuidad de la relación laboral. Corresponde, por tanto, no hacer lugar a los agravios referidos al rechazo de la causal de despido y confirmar en ello la sentencia de grado. En referencia al planteo de la constitucionalidad del Art. 16 de la ley 25561, sigo el criterio de que ella y los DNU son contestes con la Constitución Nacional. En este sentido he sostenido en los autos: “Fuentes Pablo Cesar C/Yaguar S.A. S/Despido” (PS 2005 Nº83 TºIII Fº477/483) que “Esta norma –refiriéndome a la ley 25561- de carácter emergencial dispuso, por su artículo 16, lo que denomina suspensión de despidos sin causa justificada, para inmediatamente señalar que, en caso de producirse éstos, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el doble de la indemnización que les corresponde, de acuerdo a la legislación laboral vigente.” “La ley 25.561 en cuestión dio mucho que hablar en torno a su constitucionalidad y, en especial, los decretos que le fueron prorrogando (Decreto 883/2002, del 29/05/2002; Decreto 2639/2002, del 20/12/2002; Decreto 256/2003, del 26/06/2003; Decreto 1351/2003, del 06/01/2004; Decreto 823/2004, del 28/06/2004 y, finalmente, las leyes 25.820 y 25.972). Justamente, en el caso, la parte demandada se agravia por cuanto en la instancia anterior se rechazó la petición de declaración de la inconstitucionalidad de estas prórrogas.” “Aquella primera ley, del 6 de enero de 2002 prevé en su art. 1°: “Declárase, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003”. Señala inmediatamente después, al enunciar las bases que se le dan a dicho Poder, un principio que informa, da sentido, a la norma en el punto que en este momento interesa: 2. “Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales”. Finalmente en su último título, referido a las disposiciones complementarias y transitorias, su artículo 16 dispone: “Por el plazo de ciento ochenta (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada”. Obvio es, la ley no podía razonablemente intentar una suspensión tal como lo enuncia, sino prever alguna consecuencia desfavorable para quien dispusiera un despido en dicho lapso, para lo cual prescribe que los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados, el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente. El artículo 19 establece que dicha ley es de orden público y que ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos.” “Antes de concluir el período previsto en el artículo 1º (10 de diciembre de 2003), el 2 de diciembre se promulga la ley 25.820, cuyo artículo 1º modifica el primer párrafo del artículo 1º de la Ley 25.561 ampliando el plazo allí previsto, extendiéndolo hasta el 31 de diciembre de 2004. No hay una referencia expresa al artículo 16 de la ley 25.561, sí la consabida reiteración de que esta nueva ley es de orden público.” “Nuevamente en el último mes del plazo previsto de prórroga, el 15 de diciembre de 2004 queda promulgada la ley 25.972, la que prorroga la ley 25.561 hasta el último día del presente año. Esta vez sí se refiere expresamente al plazo de suspensión de despidos, prorrogándolo, no ya a un plazo determinado, sino hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%). Ya no se prevé lisa y llanamente la duplicación de la indemnización correspondiente, sino que deriva al Poder Ejecutivo Nacional la fijación del porcentaje a adicionar por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y sus modificatorias. Se excluye el caso de los empleadores respecto de los contratos celebrados en los términos de la citada Ley, a partir del 1° de enero de 2003, siempre que éstos impliquen un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002.” “El análisis respecto al tema de la constitucionalidad, no de las leyes mencionadas, sino de los decretos que prorrogaron aquel plazo inicial de 180 días de suspensión de despidos (en realidad de duplicación de las indemnizaciones que correspondieren), parte de afirmar de algún modo la exorbitación de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional. La ley 25561 ya daba pautas de su finalidad en el artículo 1º, tal como se le señala; finalidades que volvió a reiterar la ley 25.820, que se limitó a prorrogar el plazo de declaración de emergencia. Esa sola circunstancia, desde que orientaba al Poder Ejecutivo a "mejorar el nivel de empleo" y dado que justamente en función a eso se dicta el artículo 16, previendo la duplicación de las indemnizaciones, el que por decreto se ampliara este plazo pero, obviamente, dentro del plazo emergencial previsto por la ley, bien puede señalar que la actitud del Poder Ejecutivo Nacional no estaba desenfocada.” “Pero ahora, dictada la ley 25.972, simplemente significa el espaldarazo a esa conducta del Poder Ejecutivo Nacional. La nueva norma no se limita a reproducir el texto de aquel artículo 16 de la 25561, o a señalar alguna forma de aplicación de aquella previsión legal a un nuevo plazo, sino que directamente prevé su prórroga. Quizá pudiera objetarse que no podía prorrogar lo ya vencido y este razonamiento sería relativamente válido, en una limitación a lo exclusivamente lógico formal y desde la perspectiva de la sola sanción de las leyes mencionadas; pero ocurre que en ese lapso desde el vencimiento de aquellos 180 días originales hasta esta última ley, se dictaron aquellos decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Ello se debe a un único sentido: que la ley entendía, y por ende ratificaba, esos decretos que habían tenido la virtualidad de mantener un lapso continuo de suspensión. Si se quería ver alguna forma de desviación del principio de división de los poderes, achacándole al Poder Ejecutivo Nacional la relación de facultades no expresamente delegadas por el Poder Legislativo, éste las ratificó con la sanción de la ley 25972.” Reitero, se ratifica la vigencia del art. 16 de la ley 25561, y se extiende mientras la desocupación no resulte inferior al 10%. Este criterio se compadece con el art. 14 bis de la Constitución Nacional que dispone “El trabajo en sus distintas formas gozará de la protección de las leyes...” Evidentemente cuando se está frente a una crisis que afecta el empleo, lo coherente con la norma es incrementar dicha protección. Entiendo, por lo desarrollado, que no puede sostenerse la inconstitucionalidad de los decretos antes mencionados, teniendo en estos autos por constitucionales los decretos 883/02, 662/03 y 1351/03, por lo que corresponde también rechazar este agravio de la parte demandada, con lo que no prospera su apelación. Como último aspecto de la presente, resta analizar el planteo de la parte actora en el que se sostiene que debe aplicarse la tasa activa que para sus operaciones utiliza el Banco Provincia del Neuquén S.A. Argumenta en su favor la causa “Cotravi c/ Municipalidad de Picún Leufú s/acción procesal administrativa”, donde el tribunal fijó la tasa activa para los intereses por el crédito de honorarios. En ella el T.S.J. fundó el fallo en tres elementos: 1. que el crédito por honorarios es de naturaleza alimentaria; 2. la jerarquía profesional de los abogados (incluyendo aquí el costo de capacitación permanente); y 3. alto rango comunitario de la misma al integrar el servicio de justicia. Dentro de la segunda incluyó la necesidad de capacitación y actualización de la profesión. Frente a la postura recursiva, cabe señalar que esta Sala, en autos "Garces Yolanda Alicia c/Siembra Seguros de Vida s/Cumplimiento de Contrato" (Expte. Nº 283083-Ca-2), donde se planteara la tasa mix para los honorarios profesionales, cuando el recurrente entendía debía ser la activa –art.49 inc. b, ley 1594- teniendo en cuenta el carácter alimentario de los mismos y el componente inflacionario de la economía nacional, se pronunció confirmando la resolución apelada. Se precisaba allí que esta Cámara, por las dos Salas que la integraban, había señalado que la tasa mix del Banco de la Pcia. del Neuquén es la que debe aplicarse. Se historiaba que esta Cámara, por su Sala 2 con voto de los doctores Ricardo F. de Ezcurra y Federico Gigena Basombrío, el 14 de julio de 1992, en autos: "Prieto Nelson y Otro c/Belich Julio Antonio s/ Ejecución de Sentencia" (Expte. N° 70-CA-1992) analizó con detenimiento el artículo 7 de la Ley de Convertibilidad que expresa que el deudor de dar una suma de dinero cumple con su obligación dando la cantidad nominalmente expresada y en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1° de abril de 1991, quedando derogadas las disposiciones legales que contravinieren lo dispuesto. También su artículo 10, que deroga a partir del 1° de abril de 1991 todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la repotenciación de las deudas. La normativa es de orden público, según su artículo 13, derogando toda disposición que se oponga a lo dispuesto. Se señalaba la -entonces reciente- sentencia de la Corte Suprema de la Nación en "Y.P.F. c/Corrientes Prov. y Banco de Corrientes s/cobro de australes" del 3-3-92, donde expresara que "conforme al artículo 67, inciso 10, de la Ley Fundamental, es al Congreso Nacional a quien compete "hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras..." 14) que la Ley 23.928 constituye una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el artículo 67, inciso 10, ya referido.- Ante tal acto legislativo no sólo han quedado derogadas disposiciones legales sino que además deben ser revisadas las soluciones de origen pretoriano que admitían el ajuste por depreciación. Distintas consideraciones hacían expresar al máximo tribunal que es indudable decisión de las autoridades políticas la contención de la inflación y que en base a esa decisión corresponde que los jueces interpreten las disposiciones de aquellas autoridades, de modo de dar pleno efecto a la intención del legislador, conforme lo indica conocida regla de interpretación (Fallos: 296:22; 297:142; 299:93; 301:460). La Sala II, teniendo en cuenta lo dispuesto expresamente en los artículos de la Ley 23.928 y lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo citado, concluía que habían quedado derogados los artículos de la Ley 1594 que establecían mecanismos de actualización (artículos 20, 23, 49 inciso "a", 61) con posterioridad al 1º de abril de 1991. Posteriormente, la misma Sala, con distinta integración (Dres. Roberto Savariano y Lorenzo W. García) avanzó en el análisis del inciso b) del art. 49 del Arancel en: "Vázquez, Sebastián René c/Martínez de Siliquini Isabel y Otros s/Ejecución de Honorarios e/a Prueger Enrique Eduardo c/Martínez de Siliquini Isabel y Otros s/Ejecución de Honorarios". Tomó en cuenta los antecedentes del caso antes citado y del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en causa: "Consejo de Educación c/Proveedora Zelaya s/Acción Procesal Administrativa", señalando que desde ellos los intereses se calcularon, a partir del l0 de abril de 1991, a tasa pasiva. Proseguía señalando que en el caso particular de los abogados se había decidido en autos "Duarte Roberto c/Unión Constructores Argentinos S.A. s/Despido" (Expte. N° 671 CA-1990; PI. Sala 11 TºII fº316 año 1992), acordar los intereses fijados en el inc. b) del art. 49 de la ley 1594 a la tasa de descuento, con único fundamento en decisiones anteriores que tampoco profundizaron el tema. Por ello se entendía que la cuestión merecía una nueva reflexión ante el planteamiento concreto que efectuaba el recurrente y la dinámica de la materia que nos obliga a un "aggiornamiento” constante. La opción del inciso b) del Arancel, tras el nuevo estudio propuesto, llevaba a los vocales a entenderla derogada por la ley 23.928, pues la misma tenía el sentido de permitir al profesional elegir el sistema antiinflacionario que más le conviniera; entonces, derogado el sistema indexatorio, también caería la opción en favor del interés bancario. Tras tal tesitura no cabía otra solución que la acordada para el resto de los acreedores, fijando la tasa pasiva. Tales argumentos del fallo señalaron la postura de esta Alzada, criterio aplicado habitualmente, manteniéndoselo al dictaminar en diferentes causas (v. PI- 1.995-II-369/370, PI-1996-II- 352/353, PI-1.997-III- 464/65, PI-1.999-II-302/303, todos de Sala II, PI-I-1.995- 128/130, PI-1.996-I-68/69, de Sala I, por nombrar algunos). Habiendo pasado varios años –muchos para la aciaga historia socioeconómica de nuestro país- se entendía que bien valía volver a analizar la procedencia de esa línea jurisprudencial que se ha venido respetando desde entonces. El tema de los intereses no es algo menor, aún en su carácter de accesorios. En autos: "Cia. Financiera Argentina S.A. c/Arias Mercedes s/ Cobro Ejecutivo" (Expte. Nº 318430-CA-4) se trajo a colación el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, del 17 de febrero de 2004, "AVAN S.A c/BANCO TORQUINST S.A.", pues allí se debatió extensamente el tema intereses. Como particularidad puede señalarse que en ella, sin que se indique ser un Plenario, votaron en total siete camaristas. Aunque no concernía estrictamente a la dimensión de las tasas de interés, prima tal punto. La primer votante en ese precedente de la justicia nacional, doctora Migues, se enfrasca en la tarea de determinar si las tasas aplicadas en la cuenta corriente fueron en ese caso desmesuradas, exorbitantes o directamente usurarias. Resalta la misma que las tasas están determinadas, entre otros factores, por un sistema de numerales, por el cálculo de la expectativa inflacionaria, la probable evolución de los mercados financieros y aún por las condiciones de competitividad en ese ámbito, que en muchas ocasiones han determinado y lo siguen haciendo, que el crédito en descubierto en la cuenta corriente bancaria, resulte una trampa mortal para muchos cuentacorrentistas, por el efecto de la ingeniería financiera sólo fácilmente comprensible para un operador experimentado. Para el interés hay dos momentos a tener en cuenta: el que afecta las condiciones vigentes al tiempo en que se conviene la tasa, y el esperado para la época en que se ha de reintegrar el crédito. Es deber del juez –expresa- estudiar el tráfico jurídico en la calle y en el mercado, saber cómo siente, piensa y habla el hombre común y el hombre culto, y actuar en consecuencia, con apego a la realidad. Es su deber y compromiso fallar con equidad, actitud que no conlleva al alivio de sus tareas sino que las incrementa al tornar más difícil y compleja su misión de juzgar. Si el juez trata de efectuar una interpretación evolutiva de las normas cuando existe una esclerosis del ordenamiento jurídico que no da respuestas convenientes, asume un papel de verdadero protagonista al proceder a la integración del derecho, vivificándolas de manera que el resultado alcanzado en el caso concreto aporte el mayor grado de justicia. Con ello auxilia y complementa al legislador respecto de lo que éste no puede conocer y que son las circunstancias del caso (cita a Juan Carlos Rezzónico, "Principios fundamentales de los contratos, Astrea. Pags. 379 y ss, 404, 261 y ss). Después de razonamientos referidos a la cuenta corriente analizada, señala que el juez debe corregir los abusos engendrados por el desequilibrio de fuerzas en la negociación del contrato, con base en el plexo normativo integrado por otras fuentes. El contrato actual ha pasado a ser una institución social que no afecta solamente los intereses de los contratantes, y si al "cliente" se le exige que desarrolle una ordinaria diligencia en su derecho de informarse sobre el contenido del contrato y en el cumplimiento de la prestación debida, como contrapartida las obligaciones del oferente de bienes y servicios bancarios deben juzgarse, reiteramos, en base a un standard ético del "buen profesional", que traduce el deber de obrar de buena fe. Los intereses constituyen la contraprestación del deudor de una suma de dinero por el plazo que éste dispone para efectuar el pago del capital adeudado. El valor de mercado del dinero está dado por la tasa activa que es la que deberá pagar si pretende hacerse de dinero a su "real" precio en plaza. La diferencia entre la tasa de interés pasiva -que se paga al ahorrista- y la activa- la que se cobra al tomador del crédito-, es el margen sobre las tasas de interés que permite atender los gastos operativos del banco y la generación de utilidades, que se denomina "spread". En épocas de plena estabilidad, el sistema financiero argentino, a lo largo del periodo 1994-2000, ha tenido tasas activas del 34,23; 44,47; 36,73; 32,30; 31,60; 28,53; 41,34 en tanto que las tasas pasivas ascendían a 4,70; 5.10; 4; 4,10; 3,80; 4,20; 5,05%. Ello, con una inflación acumulada durante ese lapso de siete años del 4,07, da un "spread" promedio neto del 30,58%. Cita la ponencia presentada por el especialista en sindicatura concursal Rodolfo Héctor Seppey, donde se explicita que la información obtenida de los Bancos Centrales de Argentina, España y Estados Unidos dan cuenta de que en el periodo 1994-2000 obtuvieron un spread neto del 30,58; 1,44 y 0,31, respectivamente. Expresa que son dos las variables fundamentales que inciden en el alto costo del dinero: 1) La ineficiencia del sistema bancario argentino: altos costos de operación, mantenimiento de cuenta corriente, resumen de cuenta, mantenimiento de cajeros, etc, deficiente control del sistema y pasividad del poder político. 2) El riesgo país: desgobiernos reiterados y aprovechamiento del sistema financiero para obtener las diferencias de tasas. Concluye que como resultado "el sistema financiero argentino ha tenido una utilidad bruta sobre el costo del dinero, o sea, sobre las tasas pasivas, del 591% anual neto de inflación durante el período de 1994 al 2000 inclusive. En comparación, el porcentaje de utilidad bruta sobre tasas pasivas en España y Estados Unidos asciende al 30.6% y 5.7% respectivamente". "Es obvio que estas tasas no permiten solucionar las dificultades financieras de la empresa, ni posibilitan su reorganización a fin de revertir la situación de crisis. Esto, aunado al cese del crédito de los proveedores como consecuencia de la situación concursal, conlleva a la liquidación del limitado capital de trabajo de que dispone como medio de subsistencia propia y de su establecimiento. Es así que llega a la fecha de obtención de conformidades, absolutamente debilitado y sin posibilidades de cumplimentar la propuesta formulada" (“Empresas en Crisis. Insolvencia, Técnica Alternativa Pre-concursal ante Dificultades y/o Crisis Financieras”, ponencia de Seppey Rodolfo Héctor en las Primeras Jornadas de Sindicatura Concursal, Córdoba 15 y 16 de Noviembre de 2001). Se plantea que Estados Unidos tuvo una inflación acumulada entre el 1.1.94 y el 31.12.2000 del 19,32% y nuestro país en el mismo periodo fue de tan sólo el 4,07% -15 puntos porcentuales de diferencia a favor de Argentina-. Entonces resulta ilógico e inexplicable que las tasas de interés en aquel puedan ser menores que las nuestras, en tanto que durante la vigencia del sistema de convertibilidad, instaurado en 1991, un peso era igual a un dólar. Las tasas diferenciales con los Estados Unidos o Europa son muy grandes, ya que mientras en estos países una tasa hipotecaria ronda el 5%, en la Argentina oscila en dólares entre el 17 y el 20%. Algo similar ocurre con el descubierto. Precisa que, con prescindencia de estas conclusiones, procede igualmente morigerar la tasa de interés porque subsiste la ilicitud del objeto de la obligación que, juzgada desde la óptica del art. 953 del C. Civil, produce como efecto la nulidad absoluta y parcial de los intereses excesivos liquidados, los que deben ser reducidos a sus justos límites y disponerse su reintegro por cuanto constituye un pago sin causa, (Alterini-Ameal-López Cabana, "Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales" nº 1100, pág. 460; nº 608 y sigts., págs. 300/301/302; Jorge Mosset Iturraspe, "La revisión de oficio, el desequilibrio contractual y la nulidad absoluta" J.A. 1983-II-794; Omar U. Barbero "Desindexación de las deudas dinerarias", L.L. 1983-A-954; Galotto de Franzini, Marta A. y otro c/Deutsche Bank AG s/ord., idem fallo C.N.Com. Sala C del 31.3.1995). Expone la evolución de las tasas en una tabla que permite la comparación de ellas: activa del Banco Nación para descuento de documentos comerciales; del mismo banco, para adelantos en cuenta corriente; para adelantos en cuenta corriente promedio sistema (B.C.R.A.); pasiva para depósitos a plazo fijo, en pesos de más de 60 días promedio sistema (B.C.R.A.); la activa promedio para préstamos a empresas (E.E.U.U); pasiva promedio para depósitos a plazo fijo 180 días (E.E.U.U.). Estas últimas dos, notoriamente menores a las nacionales, corresponden a datos de la Federal Reserve System. Anota que no hay datos oficiales de la FED sobre las tasas por giro en descubierto; en promedio, las entidades bancarias cobran un 18% anual vencido (extractado de Business Bank of California, Fees & Services, Miscellaneous Account Fees). Concluye, con ponderación de los citados parámetros, a determinar la cuantía de la tasa que propone. Ahora bien, más allá de las particularidades del voto de la doctora Míguez, con la introducción de una enorme cantidad de datos no observables con frecuencia en una sentencia, está dando clara cuenta que las tasas resultan una variable muy utilizada para paliar –y muchas veces sobrepasar- no solamente los guarismos inflacionarios verificados, sino también hasta las expectativas o pronósticos inflacionarios. Como es de imaginar, siempre tenderán a incrementarse esas expectativas-pronósticos. Desde lo señalado aparece claro que la situación tenida en cuenta cuando se dictaron aquellas sentencias de esta Cámara, no ha variado. Sigue manteniéndose subyacente en la opción de un tipo de tasa, la cuestión de la incidencia inflacionaria. Por ende, adoptar el criterio de la aplicación de la tasa activa implica hacer incidir el aspecto inflacionario, vedado por la ley de Convertibilidad Con lo apuntado, y teniendo claramente en cuenta la complejidad del tema, queremos resaltar la dimensión de las tasas activas de los bancos oficiales. Hoy por hoy, la actividad de fomento de aquéllos está francamente acotada, por lo que no cabe entender que dichas tasas se encuentren artificialmente deprimidas. Más aún, aquellos elementos que conspiran con la eficiencia de las entidades bancarias públicas y que les llevan a tener gastos operativos mayores, en realidad elevan tales tasas, por lo que es perfectamente razonable que cualquier persona, física o jurídica, pueda obtener buena rentabilidad, utilizando iguales tasas, a partir de una mejor utilización de sus recursos de administración. Las grandes diferencias entre los porcentajes utilizados para fijar las tasas de interés, respecto a los índices de inflación, durante iguales lapsos tenidos en consideración, es lo que da, en definitiva, la idea del exceso en las tasas utilizadas. Esto que se señala, lo es aún considerando las otras variables que inciden, tal cual lo indica el fallo tan extensamente expuesto. Yendo a lo concreto de aquel caso, se decía que en el interés a aplicar sobre los honorarios cabía tener principalmente en cuenta su carácter legal, pues no retrataba algo que el profesional haya pactado con el obligado, más allá de la posibilidad (que puede entenderse remota) que lo fuera, tratándose del propio cliente. En tales condiciones no cabe agravar la situación del deudor a partir de una interpretación del Arancel que suponga extraer la temática del contexto de todo el universo normativo de nuestro país. Por ello estímase que no debe hacerse lugar a la apelación respecto de los intereses de los honorarios profesionales. En razón de todo lo que se expuso se decidió mantener la tesitura de la Sala. Mal sirve, por tanto, el argumento del actor recurrente de asimilar su crédito al de los honorarios. Además, a poco que analicemos, encontramos que si bien el crédito del trabajador cumple con el requisito de ser de naturaleza alimentaria, no resulta suficiente para sostener su apelación. Si bien es cierto el argumento de que si el actor tiene que pedir un préstamo deberá abonarlo a tasa activa, también es cierto que poseyendo dicho capital no lo ha de colocar a dichas tasas, ya que las que percibiría serían las utilizadas para operaciones de descuento de las entidades financieras. Pero, además, con relación al argumento analizado, es claro que en autos no se ha invocado, ni mucho menos acreditado, que el accionante debió recurrir a un préstamo bancario para hacer frente a sus necesidades, ante el incumplimiento de la parte demandada, lo que podría llegar a hacer necesario analizar la aplicabilidad de esa tasa, como consecuencia de un daño emergente del ilícito contractual de la demandada. Así, entiendo que corresponde rechazar también el agravio del actor. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo, rechazar ambas apelaciones y confirmar en todos sus términos la sentencia impugnada, con costas en la Alzada en un 75% al accionado y el resto al actor. Así lo voto.- El Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo: Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.- Por lo expuesto: SE RESUELVE: 1.- Confirmar la sentencia de fs.149/153 en cuanto fue materia de recursos y agravios.- 2.- Imponer las costas de Alzada en un 75% al accionado y un 25% al actor (art.71 del CPCC).- 3.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia, (art.15, LA).- 4.- Regístrese, notifíquese a las partes y al Fiscal de Alzada en su público despacho y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.- Dr. Enrique VIDELA SANCHEZ - Dr. Lorenzo W. GARCIA Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 106 - Tº III - Fº 560 / 571 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2006